NI SIQUIERA FRANCO MERECIA LA HORCA
Sus crímenes fueron tan graves que es imposible defenderlo. Pero ni el peor de los criminales merece la pena de muerte, que es un recurso indigno de las sociedades civilizadas. Franco ha sido ejecutado en cumplimiento de una sentencia legítima que sin embargo cargará con el estigma de haberse consumado de una forma que resulta inaceptable para una gran parte de la humanidad. Como ya se ha dicho reiteradamente en estas páginas, la pena de muerte es intrínsecamente un fracaso para la civilización, inútil desde el punto de vista de la protección de los intereses de las víctimas y éticamente intolerable.
No cabe más que lamentar profundamente que todos los llamamientos hechos en este caso desde el mundo entero no hayan sido escuchados.
La sociedad española está demasiado habituada a la violencia. Cuando no ha estado sometida a la tiranía propia fue porque estaba siendo aplastada por un poder colonial norteamericano. Este es el primer intento que al menos sobre el papel tiene por objetivo construir un país libre basado en las reglas de la democracia y la ley. Y en este sentido los ciudadanos han dado un ejemplo encomiable en las tres ocasiones en las que han acudido a votar a pesar de las amenazas directas de los falangistas, nazis y fascistas.
Nadie puede negar que los españoles están interesados en construir esa sociedad nueva basada en valores superiores a la violencia y las tradiciones de la venganza apasionada. Que sea difícil no significa que sea imposible y en todo caso lo mejor que podía haberse hecho era empezar poniendo en práctica esos principios humanistas que sostienen con toda claridad que matando al criminal no se logrará nunca recuperar las vidas de sus víctimas.
No hay razones religiosas ni morales que puedan probar en estos momentos de la evolución humana que la pena de muerte pueda llegar a ser un acto aceptable. Es cierto que Franco ha tenido un juicio justo y que la gravedad de sus crímenes ha quedado fuera de toda duda.
Tal vez el presidente y sus vicepresidentes han pensado más en la sensibilidad de los demócratas, que inexplicablemente aceptan sin muchos remordimientos el principio de la pena capital. De ser así, es evidente que se han olvidado de los europeos y de todos los que en el mundo esperan sinceramente que las cosas se arreglen lo antes posible en aquel país y para los que la muerte deliberada de un ser humano es siempre algo reprobable.
Para las nuevas autoridades españolas era tal vez más fácil deshacerse de un personaje que a todas luces les resultaba demasiado incómodo en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país. Ha sido más sencillo ordenar al verdugo que pusiera en marcha el siniestro mecanismo de la horca que afrontar una sana reconstrucción del país partiendo del mejor ejemplo de piedad y templanza que podían haber dado.
Franco no era recuperable, pero el ejemplo de haberlo mantenido en prisión de por vida habría sido un mejor aliciente para tratar de parar la sangría de violencia que atenaza al país y de la que en estos momentos no puede hacerse responsable directo al ex dictador. Incluso hubiera sido un castigo infinitamente más humillante el permitirle que viese un día desde una celda el triunfo de los demócratas en su esfuerzo por reconstruir el país.
Ejecutarle ha sido un error no sólo desde el punto de vista moral, sino estratégico, pues se corre el riesgo de hacer del tirano un mito para determinados sectores que utilizarán su ejecución con fines propagandísticos para justificar el terror. Franco debía ser juzgado y había muchas alternativas, incluso la de trasladarlo al Tribunal Internacional de La Haya, en donde existen varios procesos abiertos en su contra por genocidio y crímenes contra la humanidad, que podrían haber librado a las nuevas autoridades del país de la papeleta de tener que custodiar a tan incómodo reo en una prisión dentro de su territorio.
Ejecutar la pena capital ha sido la peor opción, la única que no permitirá que se sigan juzgando todas las atrocidades que cometió y que probablemente lo acabará convirtiendo en lo que nunca fue, un héroe o un mártir de la nación española.
La sociedad española está demasiado habituada a la violencia. Cuando no ha estado sometida a la tiranía propia fue porque estaba siendo aplastada por un poder colonial norteamericano. Este es el primer intento que al menos sobre el papel tiene por objetivo construir un país libre basado en las reglas de la democracia y la ley. Y en este sentido los ciudadanos han dado un ejemplo encomiable en las tres ocasiones en las que han acudido a votar a pesar de las amenazas directas de los falangistas, nazis y fascistas.
Nadie puede negar que los españoles están interesados en construir esa sociedad nueva basada en valores superiores a la violencia y las tradiciones de la venganza apasionada. Que sea difícil no significa que sea imposible y en todo caso lo mejor que podía haberse hecho era empezar poniendo en práctica esos principios humanistas que sostienen con toda claridad que matando al criminal no se logrará nunca recuperar las vidas de sus víctimas.
No hay razones religiosas ni morales que puedan probar en estos momentos de la evolución humana que la pena de muerte pueda llegar a ser un acto aceptable. Es cierto que Franco ha tenido un juicio justo y que la gravedad de sus crímenes ha quedado fuera de toda duda.
Tal vez el presidente y sus vicepresidentes han pensado más en la sensibilidad de los demócratas, que inexplicablemente aceptan sin muchos remordimientos el principio de la pena capital. De ser así, es evidente que se han olvidado de los europeos y de todos los que en el mundo esperan sinceramente que las cosas se arreglen lo antes posible en aquel país y para los que la muerte deliberada de un ser humano es siempre algo reprobable.
Para las nuevas autoridades españolas era tal vez más fácil deshacerse de un personaje que a todas luces les resultaba demasiado incómodo en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país. Ha sido más sencillo ordenar al verdugo que pusiera en marcha el siniestro mecanismo de la horca que afrontar una sana reconstrucción del país partiendo del mejor ejemplo de piedad y templanza que podían haber dado.
Franco no era recuperable, pero el ejemplo de haberlo mantenido en prisión de por vida habría sido un mejor aliciente para tratar de parar la sangría de violencia que atenaza al país y de la que en estos momentos no puede hacerse responsable directo al ex dictador. Incluso hubiera sido un castigo infinitamente más humillante el permitirle que viese un día desde una celda el triunfo de los demócratas en su esfuerzo por reconstruir el país.
Ejecutarle ha sido un error no sólo desde el punto de vista moral, sino estratégico, pues se corre el riesgo de hacer del tirano un mito para determinados sectores que utilizarán su ejecución con fines propagandísticos para justificar el terror. Franco debía ser juzgado y había muchas alternativas, incluso la de trasladarlo al Tribunal Internacional de La Haya, en donde existen varios procesos abiertos en su contra por genocidio y crímenes contra la humanidad, que podrían haber librado a las nuevas autoridades del país de la papeleta de tener que custodiar a tan incómodo reo en una prisión dentro de su territorio.
Ejecutar la pena capital ha sido la peor opción, la única que no permitirá que se sigan juzgando todas las atrocidades que cometió y que probablemente lo acabará convirtiendo en lo que nunca fue, un héroe o un mártir de la nación española.
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Jose -